Por Luis Manuel Aguana
Nadie podría poner en duda que uno de los problemas políticos más graves e importantes de la Venezuela de hoy es la actual permanencia de Delcy Eloína Rodríguez Gómez en la presidencia de la República. Podría decirse incluso que, de resolverse ese único asunto, al menos avanzaríamos un trecho importante en el resto de los problemas que agobian a los venezolanos.
La ilegitimidad abierta, manifiesta e inconstitucional de quien hoy ejerce la primera magistratura es una afrenta abierta a todo venezolano con un mínimo de decencia pública. ¿Cómo una persona que no fue electa, ni designada por algún proceso legítimo y constitucional, puede todavía, luego de haberse terminado el plazo para llamar a elecciones, seguir ejerciendo el cargo? ¿Dónde están las instituciones del país? Lo que sucede con Delcy Rodríguez no es más que la demostración clara y palpable de la necesidad urgente de un cambio institucional de proporciones en Venezuela.
El secreto a voces de que su sostenimiento se debe al reconocimiento que de ella han hecho los EEUU, no es más que una bofetada abierta a la soberanía del país. Y esto no lo digo por patrioterismo. El hecho de que sea la potencia hemisférica la que haya decidido por nosotros quién ejerce la presidencia de la República enardece innecesariamente los sentimientos antinorteamericanos en el país, a pesar del agradecimiento general a los EEUU por haberse llevado a Maduro por narcotraficante el 3 de enero.
Y eso a mi juicio es un error de los EEUU en la evaluación que debieron haber realizado al apoyar la continuidad del gobierno de Maduro con su vicepresidente al llevarse a Nicolás Maduro Moros. Y ese error llevó al siguiente, al continuar apoyando su presidencia luego de los 180 días constitucionales posteriores a la extracción del jefe del Cartel de los Soles.
Pero el mayor error y el que derrama el vaso fue la firma del llamado “acuerdo petrolero” con el régimen de los Rodríguez, que profundiza los EEUU aún más en el error de mantenerla en el poder, al subestimar el rechazo nacional e internacional por un acuerdo celebrado con la intermediación de un delincuente buscado en Europa por lavado de dinero.
Por un lado, los EEUU firman un acuerdo de participación accionaria con una empresa propiedad de un delincuente internacional y, por otro, una usurpadora del poder concede una concesión petrolera a esa misma empresa sin tener la legitimidad para poder hacerlo porque técnica ni jurídicamente puede firmar absolutamente nada por Venezuela, porque NO ES presidente, ni interino ni permanente. Entonces, ¿cómo podría sostenerse eso en el largo plazo? ¿Qué corporación seria pondría su dinero en ese trato?
Entonces, la única salida para ese desastre es que los venezolanos puedan obtener una representación legítima para firmar acuerdos de concesión, no solo con compañías de los EEUU sino con las de cualquier otro país. Y eso no se logrará hasta que se regularice la situación de ilegitimidad de la presidencia de la República.
Pero, ¿cómo lograr de la noche a la mañana una representación legítima de los venezolanos, y sustituir adecuadamente a Delcy Rodríguez, con el apoyo institucional de los EEUU?
Si los EEUU insisten en continuar apoyando a Delcy Rodríguez, difícilmente la situación mejorará en Venezuela. No hay ni una sola variable económica que se mueva positivamente si la apuesta es por la continuación del régimen de Maduro. Ni tampoco las ansiadas inversiones provenientes de un “acuerdo petrolero” insostenible. La situación política en el país continuará o empeorará debido a que ningún capital se moverá a un lugar sin seguridad jurídica ni Estado de derecho, sin contar que estarían haciendo negocios con un país cuyas autoridades desconocen acuerdos y atropellan los derechos humanos de su población.
Pero si, por otro lado, los EEUU rectifican su política en Venezuela en aras de un arreglo que implique renegociar con autoridades legítimas, renegociando el “acuerdo petrolero”, la situación podría cambiar sustancialmente. Sin embargo, no existen muchas opciones disponibles para regresar la legitimidad a la presidencia de la República: a) Elecciones inmediatas; b) Designación de un nuevo gobierno por la vía judicial; c) Reconocimiento de los EEUU de las elecciones del 28J-2024. Veamos cada una por separado:
Elecciones inmediatas
Eso es lo que han estado gritando los sectores políticos desde el 3 de julio al vencerse el periodo de 180 días que da la Constitución, declarando de una vez la ausencia absoluta de Nicolás Maduro Moros. Pero eso no pasó, y Delcy Rodríguez continuó en Miraflores con el apoyo militar de los EEUU. De hecho, esa es la discusión.
Los voceros de los EEUU y hasta el mismo presidente Trump han insistido hasta el cansancio en que los venezolanos debemos esperar hasta que “existan las condiciones”. Incluso la presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, ha indicado que “Hay que mantener a Delcy Rodríguez en el poder para construir garantías y poder hacer elecciones” (ver declaraciones de Figuera en https://www.costadelsolfm.org/2026/09/hay-que-mantener-a-delcy-rodriguez-en-el-poder-para-construir-garantias-y-poder-hacer-elecciones-esa-es-la-tesis-de-dinorah-figuera/). Y la pregunta sigue siendo: ¿y cuáles son esas condiciones?
Se podrían realizar “elecciones YA”, como exigen algunos sectores políticos venezolanos. Allí todavía están las máquinas del CNE y el sistema automatizado de votación de Jorge Rodríguez para quien lo desee usar y al régimen le encantaría que lo hiciéramos. Pero, ¿es eso lo que queremos? Veamos las implicaciones de eso.
Un grupo de venezolanos hemos señalado reiteradamente la necesidad de “intervenir al Consejo Nacional Electoral, previo a cualquier siguiente elección, para garantizar elecciones auténticas en Venezuela”. Debe nombrarse una Junta Interventora del Sistema Electoral, con poderes suficientes y extraordinarios para intervenir en todos los organismos y componentes técnicos que tengan incidencia en el sistema electoral que tenemos ahora en Venezuela (ver Intervención Electoral: Garantía de soberanía, en https://ticsddhh.blogspot.com/2026/04/intervencion-electoral-garantia-de.html).
Esta ruta técnica pasa por establecer que no se puede acudir a comicios bajo la estructura electoral del régimen actual. La ruta planteada se fundamenta en los siguientes pilares de restitución soberana:
- Sustitución e Independencia Orgánica: Desmantelar el actual sistema electoral coercitivo y sustituir integralmente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por un organismo técnico, imparcial y despartidizado, restituido con arbitraje y asistencia técnica de la comunidad internacional, reestructurando en su totalidad las leyes y reglamentos electorales del país.
- Auditoría y Depuración del Registro Electoral: Realizar un censo real del Registro Civil y Electoral (Registro de venezolanos cedulados del SAIME y el Registro Electoral del CNE) de ciudadanos dentro y fuera del país, garantizando el derecho al voto de toda la diáspora venezolana sin trabas administrativas ni condicionamientos políticos.
- Sistema Manual y Transparencia Verificable: Eliminar la caja negra del voto electrónico viciado y retornar al voto manual con escrutinio público, contaje voto a voto al cierre de cada mesa y verificación de cuadernos de votación, con sistemas de transmisión y totalización automatizados plenamente auditables y sometidos a licitación pública.
- Garantías de Libertad Política y Campaña Equitativa: Cese inmediato de inhabilitaciones políticas arbitrarias, libertad de prensa total y eliminación del uso indebido de recursos públicos para coaccionar al electorado.
Solamente refundando el sistema electoral se podrá restituir el hilo constitucional y garantizar comicios cuyos resultados sean plenamente auditables y reconocidos internacionalmente.
Pero esto ni siquiera se ha reconocido públicamente en las negociaciones que se han llevado a cabo hasta ahora entre las dos Asambleas Nacionales, siendo su única preocupación el posible nombramiento sin fecha de unos nuevos rectores, desestimando la importancia de demoler la estructura principal sobre la cual ha estado montado el poder autoritario del régimen por casi 30 años. Sin realizar las tareas anteriores, ninguna elección podría realizarse inmediatamente sin correr el altísimo riesgo de perpetuar al régimen de Delcy Rodríguez.
Designación de un nuevo gobierno por la vía judicial
Esta ruta sería posible con un Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, completamente nuevo, legítimo e IMPARCIAL. Pero lo que se terminó negociando entre las dos Asambleas, la del “rodrigato” y la Asamblea de 2015, es un comité de postulaciones que incluye a los partidos, a contrapelo de lo que establece el artículo 270 Constitucional: “Académicos, juristas y miembros de ONG han advertido que el comité no debería contar con la presencia de legisladores, tal como lo establece el artículo 270 de la Constitución donde se señala que el comité es un órgano asesor de la AN, conformado por miembros de la sociedad civil. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ desde el año 2004 instituyó la participación de los diputados que tienen la mayoría para designar a los magistrados en ese comité, pese a que además son los legisladores quienes los escogen en la plenaria de la Cámara” (ver Asamblea Nacional chavista aprueba reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, en https://elpitazo.net/politica/asamblea-nacional-chavista-aprueba-reforma-del-articulo-65-de-la-ley-organica-del-tsj/).
Para remate de esta decisión “negociada”, Jorge Rodríguez enfatizó que “será esa Cámara la que escogerá a los magistrados del máximo tribunal venezolano, con lo que aclaró que no saldrá de la mesa de diálogo sino de la instancia controlada por el chavismo”. ¿Qué tal? En otras palabras, será el régimen DE NUEVO quien escogerá a quienes conformarán el “nuevo” TSJ. Vaya negociación amparada con el visto bueno de los EEUU…
¿Cómo se podría evitar este nuevo engaño a la población, luego de haberle asegurado al país que las cosas serían distintas en Venezuela con un nuevo Poder Judicial? Se los digo rápido: Que los EEUU reconozcan a los Magistrados LEGITIMAMENTE DESIGNADOS EN EL AÑO 2017 POR 12 AÑOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE 2015 EN EL MOMENTO DE SU PLENA VIGENCIA, Y QUE FUERON PERSEGUIDOS POR EL RÉGIMEN, Y SE ENCUENTRAN FUERA DE VENEZUELA.
Estos Magistrados pueden y deben regresar al país para asumir sus cargos vigentes hasta el año 2029. Se podría decir sin ninguna duda que ellos conforman el ÚNICO PODER LEGÍTIMO EN VIGENCIA EN VENEZUELA.
Si los EEUU reconocen a esos Magistrados, ese NUEVO Alto Tribunal podría designar una Junta de Gobierno de Transición INMEDIATAMENTE que se haga cargo del Poder Ejecutivo. Dudo mucho que el “rodrigato” ponga objeciones a ese reconocimiento. Lo he dicho antes, “donde ronca tigre no hay burro con reumatismo”. Y estos “burros” ya están coaccionados. Los 23 Magistrados legítimos que se encuentran fuera del país pueden ser la clave para la sustitución LEGÍTIMA de Delcy Rodríguez hasta el cambio de raíz del sistema electoral viciado del país y la celebración correcta de unas elecciones libres, justas y verificables.
Reconocimiento de los EEUU a las elecciones del 28J-2024
Esta sería una vía expresa que, aunque tardía, podría ser efectiva. Edmundo González Urrutia (EGU) fue electo presidente de la República el 28 de julio de 2024. Le robaron las elecciones y huyó del país. ¿Por qué los EEUU no lo colocó en sustitución de Nicolás Maduro Moros después de su extracción, como sí colocó a Guillermo Endara en Panamá en 1989? Porque la torpeza opositora es tan grande como la infinitud del universo, Einstein dixit. EGU debió juramentarse el 10 de enero de 2025, como se ordenaba en la Constitución. Allí no existía excusa política ni interpretaciones. Estaba en la OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL de hacerlo, así no estuviera en el país.
Posteriormente, EGU “renunció” a una presidencia que nunca había juramentado, pero quedó en el imaginario popular que él continúa siendo el verdadero presidente legítimo de los venezolanos. Solo quedaría ratificarlo políticamente como tal.
A la torpeza de no juramentarse se unió otra: el divorcio de la oposición liderada por María Corina Machado (MCM) con la Administración del presidente Trump, al punto de que esta desconoció los resultados de las actas electorales venezolanas del 28J-2024 depositadas en el Banco Central de Panamá.
Si por alguna razón esta decisión cambia, debe y tiene que ser por una negociación de MCM con los EEUU, que incluya de primero el “acuerdo petrolero” írrito de Delcy Rodríguez, convirtiendo el fracaso actual de Trump en un éxito comercial, diplomático y político antes de las elecciones de medio término. MCM podría convertirse en vicepresidente de la República mañana si los EEUU reconocen a EGU como presidente de la República. Los EEUU pasarían a ser el sostén armado del gobierno de EGU hasta una reestructuración a fondo de las Fuerzas Armadas.
Las tres opciones están sobre la mesa. Queda de los verdaderos políticos saber qué hacer con ellas. Pero lo que sí no es aceptable es continuar en el limbo de no hacer nada y esperar que las cosas se arreglen solas. Eso generalmente no sucede...
Caracas, 16 de septiembre de 2026
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