lunes, 5 de noviembre de 2018

Enmienda engañosa

Por Luis Manuel Aguana

La primera reacción de la oposición oficial en la Asamblea Nacional luego que Nicolás Maduro convocara inconstitucionalmente a una Asamblea Nacional Constituyente el 1ro de Mayo de 2017 sin la aprobación del pueblo venezolano fue conformar un “Frente en defensa de la Constitución” (ver La AN conformó el Comité del Frente en defensa de la Constitución, en https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/La-AN-conformo-el-Comite-del-Frente-en-defensa-de-la-Constitucion-20170525-0085.html). Esa misma reacción de defender la constitución actual ha tenido ahora para convocarse de urgencia para discutir una enmienda constitucional propuesta por la Fiscal General de la Republica legítima, Luisa Ortega Díaz, para “impedir expresamente que se reforme, derogue, cambie, o pierda vigencia la actual constitución  por un lapso de 5 años…” (ver propuesta de Luisa Ortega Díaz en https://twitter.com/lortegadiaz/status/1048609823380660224).

Es impresionante ver que quienes han devenido como los primeros defensores del legado del Galáctico Hugo Chávez, que no es otra cosa que la Constitución de 1999, sean quienes todavía se digan a sí mismos opositores venezolanos. No quiero repetir de nuevo el daño que nos ha causado la Constitución de 1999 y las razones por la que creemos que debe ser cambiada a la brevedad posible (ver La lucha por una Constituyente Originaria debe continuar en http://ticsddhh.blogspot.com/2017/05/la-lucha-por-una-constituyente.html) pero esta vez convocando al pueblo venezolano para que apruebe tal convocatoria.

Alargar por 5 años el bodrio constitucional de 1999 es inaceptable y un engaño a los venezolanos porque igualmente se tiene que solicitar la aprobación del pueblo en referendo a esa enmienda tal y como lo establece el Artículo 341.3 constitucional: “El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal”. Y si hay que someter la enmienda a referendo, entonces ¿por qué no hacerlo para una Constituyente Originaria con un nuevo gobierno que la Asamblea Nacional tiene la obligación de designar inmediatamente? Algunos dirán que ninguna otra constitución ha sido lo más amplia y protectora de los Derechos Humanos. Es verdad. Pero también es cierto que con ninguna otra paradójicamente se habían violado más los derechos humanos de los venezolanos que con la Constitución actual.

En un foro con dirigentes de ANCO del Estado Anzoátegui en los primeros días de la convocatoria inconstitucional del constituyente en mayo de 2017 lo referí de una manera directa: “…Ningún gobernante, y en especial El Libertador, en toda la historia republicana de Venezuela cedió el control a los Estados, ni aun después de la Guerra Federal, donde triunfó la Federación, y a partir de la cual, con la Constitución de 1864, nos llamamos Estados Unidos de Venezuela. Luego, con la riqueza petrolera, menos aun se ha cedido ni compartido el poder político ni económico con los Estados. Los presupuestos, las políticas, la infraestructura, la salud, la educación, la seguridad, el ambiente, etc., todo lo que tiene que ver con la calidad de vida del ciudadano en cada municipio, de cada región de Venezuela, la deciden quienes llegan al Poder en Caracas. De allí que nadie quiera ceder eso. Quien le pone las manos al coroto decide por todos nosotros…” (ver Constituyente Originaria versus fraude constitucional, en http://ticsddhh.blogspot.com/2017/05/constituyente-originaria-versus-fraude.html)

La Constitución de 1999 elevo exponencialmente ese centralismo asfixiante, y ella fue la consecuencia directa de la tozudez de los sectores políticos de no querer cambiar la Constitución de 1961, que le pudiera dar a las regiones el respiro necesario para hacer realidad las mejoras que requerían de urgencia -ya para esa época- de manejar sus propias realidades. Esa deuda no solo está pendiente, sino que lleva unos intereses tan elevados que sería imposible concebir una nueva situación política luego de la dictadura que no lleve aparejado un cambio constitucional que refleje una verdadera descentralización del poder en Venezuela. Esta en nuestra cruzada en la Alianza Nacional Constituyente-ANCO (http://ancoficial.blogspot.com/).

De allí que aun cuando pueda parecer “conveniente” la propuesta de la Fiscal de introducir una enmienda para no cambiar la constitución, es definitivamente engañosa para los venezolanos. Pero lo más grave es que esconde una situación de continuidad negociada entre ese “chavismo light” que representa la Fiscal y la oposición oficial que no quiere morir después de la dictadura. Quieren alargar a como de lugar la situación utilizando cualquier oportunidad.

De allí que ese “nuevo pacto de Punto Fijo” que propone la periodista Júrate Rosales a María Corina Machado (ver El Diario de Júrate, Carta Abierta a María Corina Machado, en http://revistazeta.net/2018/11/04/el-diario-de-jurate-carta-abierta-a-maria-corina/) con Julio Borges, Ramos Allup, y Leopoldo López, en la búsqueda de “una Venezuela libre” no sea otra cosa que una estrategia para reflotar liderazgos hundidos, pero a costillas de quienes si se han diferenciado tajantemente del colaboracionismo con el régimen: María Corina Machado, Diego Arria y Antonio Ledezma dentro de la plataforma de Soy Venezuela.

Una Constituyente Originaria con Bases Comiciales justas y amplias de participación política a la sociedad venezolana, actuaría como una suerte de limpieza con cloro y acido a fondo de todo lo viejo para así darle la oportunidad a que se expresen los verdaderos liderazgos regionales de la sociedad civil que no han tenido cabida en el ejercicio de la política, así como darles apertura a otros liderazgos que aun perteneciendo a los partidos conocidos no han tenido el chance de figurar porque no forman parte de las roscas que han impedido la democracia interna de los partidos políticos.

Una Constituyente convocada en esas condiciones, y dirigida a la base misma del pueblo venezolano reuniría lo mejor de la representatividad de todos los Estados del país, de todas las tendencias y de todos los sectores. No sería una reedición de lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Una Constituyente que salga de esa convocatoria podría discutir la verdadera realidad de los Estados y del país, no la que se desearía imponer desde las estructuras centralizadas de los partidos o sus liderazgos mesiánicos nacionales que por más que hayan fracasado y colaborado con el régimen todavía impiden deliberadamente el libre ejercicio de la democracia partidista.

No es con una enmienda engañosa que resolveremos que el régimen detenga lo que pretenden convocar para el 9 de diciembre. Lo harán igual por encima de la constitución como siempre lo han hecho. Lo que debemos hacer los venezolanos es rechazarla contundentemente y NO concurrir a una nueva elección en Venezuela que no esté ajustada a la sentencia del TSJ legítimo del 13 de Junio de 2018: “En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, se declara NULO e INAPLICABLE a partir de la presente fecha el uso del SISTEMA AUTOMATIZADO DE VOTACIÓN Y ESCRUTINIO para la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como para la celebración de los referendos, en los términos señalados en el artículo 293.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide (ver Sentencia de Nulidad del Sistema Electoral venezolano, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/tribunal-supremo-de-justicia-declara.html).

El único curso de acción concebible para los venezolanos es que la Asamblea Nacional cumpla inmediatamente con su obligación constitucional de reemplazar el gobierno de Nicolás Maduro Moros en ocasión de la Falta Absoluta del Presidente de la República originada por su sentencia condenatoria publicada el 29 de Octubre de 2018 por el TSJ legitimo (ver Sentencia en el Twitter Oficial del TSJ legitimo en, https://twitter.com/TSJ_Legitimo/status/1056859165187076096?s=03); y que ese nuevo gobierno proceda a consultar a los venezolanos si convocan o no al Constituyente Originario para proceder a los cambios institucionales requeridos para recuperar la vida del país, previo a una nueva elección en Venezuela. Otra cosa es más colaboracionismo y continuación del sufrimiento de los venezolanos.

Caracas, 5 de Noviembre de 2018

Twitter:@laguana

martes, 30 de octubre de 2018

Un vacío de poder por una propina

Por Luis Manuel Aguana

Dos aspectos sobresalen de la sentencia condenatoria de Nicolás Maduro Moros publicada el lunes 29 de Octubre por el Tribunal Supremo de Justicia legitimo en el exilio: a) la demostración fehaciente que Maduro se apropió 35 millones de dólares a favor de su campaña electoral a la presidencia de la República del año 2013; y b) la ratificación del “vacío institucional” de poder que existe en Venezuela como consecuencia de eso. A partir de la publicación de esa sentencia ya es oficial que en Venezuela no existe un gobierno que pueda ser reconocido como legitimo por nadie en el mundo.

De la acusación de la Fiscal General de la República: “NICOLÁS MADURO solicitó a Odebrecht una cantidad de dinero para el financiamiento de su campaña, a cambio del favorecimiento de la empresa en futuros contratos y pagos. Consta que como producto de esa petición, recibió la cantidad de 35 millones de dólares, los cuales fueron depositados en cuentas en el extranjero, simulando ser el pago de acreencias producto de contratos ficticios entre sociedades mercantiles”, vino la sentencia del TSJ legítimo: “PRIMERO: Del acervo probatorio incorporado al expediente mediante audiencias orales y públicas, se encuentra suficientemente comprobado, la comisión de los hechos punibles objeto del juicio y una relación de causalidad que demuestra fehacientemente la culpabilidad y la responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros, en la perpetración de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 64 y 35, de la Ley Contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.. (ver documento de la sentencia en el Twitter Oficial del TSJ legitimo en, https://twitter.com/TSJ_Legitimo/status/1056859165187076096?s=03, páginas 9 y 149).

Esta sentencia me recordó la que logro Eliot Ness y sus Intocables el 24 de Octubre de 1931 en contra del gánster Al Capone, quien fuera condenado a 11 años de prisión y 50.000 dólares de multa por fraude fiscal. En otras palabras a un asesino que aterrorizó la época de la prohibición en los Estados Unidos lo único que pudieron probarle para mandarlo a prisión fue un fraude fiscal por centavos.

Y eso es lo que realmente parece esa sentencia de Maduro, luego que después que los mafiosos del régimen y la constructora brasileña Odebrech estafaran a la nación por un monto superior a los 35 mil millones de dólares en obras pagadas y no ejecutadas, 35 millones de dólares ni siquiera llega a la propina de los mesoneros del festín que se dieron con los reales de los venezolanos. En otras palabras ¡lo condenaron por haber cobrado aproximadamente el 0,1% de lo que se llevaron! Mucho menos de la propina de un mesonero en un restaurant. ¡Qué propina tan miserable!

¿Y lo demás? Porque si Odebrecht cobró sin ejecutar las obras y como mínimo se repartieron el botín al 50% todavía faltarían `por procesar a quienes se llevaron no menos de 17,5 mil millones de dólares, solo con el negocio de esa constructora. Y todo eso sin contar con los Bs. 2.082.116.226.489,15 correspondientes a la Central Hidroeléctrica Tocoma que igualmente cobraron y no ejecutaron: “La Sala pudo constatar, los montos cancelados por el Gobierno Nacional a la empresa Odebrecht a través de experticia contable incorporada por su lectura, de donde se desprende la obra y la cantidad de dinero cancelada” (ver cuadro de obras y sus montos en las páginas 138 y 139 de la sentencia).

La lista de obras es dolorosa y explica en buena parte la crisis que vivimos: La Línea 5 del Metro de Caracas, el Sistema de Transporte Masivo Caracas-Guarenas-Guatire, Metro Cable de Mariche, Cabletren Bolivariano, El Sistema Vial III Puente sobre el Rio Orinoco, Puente Cacique Nigale (conocido como el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo), Proyecto para la recuperación de la pista principal del Aeropuerto de Maiquetía, La Central Hidroeléctrica de Tocoma, Proyecto Agrario José Ignacio Abreu en Anzoátegui, Metro Cable La Dolorita, Ferrocarril Caracas-La Guaira-Guatire. Todas esas obras se pagaron sin construirse causando un daño colateral impresionante: “…se generaron importantes pasivos laborales, miles quedaron sin empleo o subempleados, y gran parte del aparato productivo (proveedores de materiales, equipos, insumos, materia prima, etc.) que creció a la par de estos proyectos fallidos, vieron frustradas sus posibilidades de crecimiento y de operatividad, atestando un importante golpe a las oportunidades de desarrollo económico del país” (página 139).

Me atrevería a decir que era negocio pagarle a Nicolás Maduro Moros ese 0,1% de propina si se hubiera asegurado que Odebrecht concluyera esas obras a favor de la Nación. ¡Creo que los venezolanos se los hubiéramos pagado con gusto! Pero ese es precisamente el problema. Ponemos en las manos de cualquiera y sin control una incalculable riqueza y esperamos cándidamente que no se las robe y que las aplique a favor del colectivo. Y sin haber aprendido nada se pretende de nuevo hacer exactamente lo mismo con otra elección de presidente después de la caída de este sátrapa, sin plantearse una discusión constituyente del sistema político y cambiar las reglas constitucionales que le entregan todo ese poder al Presidente de la República. Por eso, al igual que Capone, a Maduro tuvieron que condenarlo por centavos, aunque fuera más que valido para sacarlo de la Presidencia de la República.

Pero en donde realmente reside la importancia de ese documento es en la formalización de la Falta Absoluta del Presidente de la Republica. 35 millones de dólares son un regalo que justifica su salida por todo el daño que comparativamente le ha hecho a Venezuela y que justifica oficialmente el nombramiento inmediato de un Gobierno de Emergencia Nacional.

Ya la Asamblea Nacional no se puede esconder detrás de su Consultoría Jurídica alegando que no existía sentencia firme. Pues desde el lunes 29 de Octubre de 2018 ya la hay. Ya los partidos de la Directiva de la Asamblea Nacional no pueden seguir alegando que Nicolás Maduro Moros es Presidente hasta el 10 de Enero de 2019. No. Ya no era Presidente desde el 9 de Enero de 2017, y al ellos no realizar el procedimiento constitucional para sustituirlo dejaron el caso en el limbo institucional. Y ya a partir de hoy oficialmente no es Presidente sino un reo con sentencia de cárcel. Ya los gobiernos de todo el mundo deben desconocerlo.

Pues ahora llego la hora de nombrar otro Presidente ahora porque quien ocupa el cargo en Miraflores debe ser detenido y trasladado a Ramo Verde para cumplir una condena por corrupción propia y legitimación de capitales, de acuerdo a esa sentencia. Y aquí no vale el hecho de que a Maduro no lo detengan. Esa es la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, allá ellos con su responsabilidad. Y a todo el mundo le corresponde cumplir su parte de responsabilidad. A la Asamblea le toca nombrar un nuevo Presidente. Y si ellos no lo hacen por las razones que sean, el mismo Alto Tribunal que emitió esa sentencia tendrá la obligación de decidir entonces en el marco de los Artículos 333 y 350 constitucionales. Llegó la hora de las grandes decisiones para todo el mundo. Llegó la hora de llenar un vacío de poder que nos concedió una pequeña propina de 35 millones de dólares…

Caracas, 30 de Octubre de 2018

Twitter:@laguana