Por Luis Manuel Aguana
En un premonitorio editorial del 15 de
febrero de 2016, Analitica.com titulaba “Se requiere un gobierno de emergencia
nacional” (ver https://www.analitica.com/opinion/se-requiere-un-gobierno-de-emergencia-nacional/).
A más de dos años, el editorial terminaba sentenciando: “De persistir el gobierno en el estéril enfrentamiento con la Asamblea,
que en el fondo es también con la mayoría del pueblo venezolano, el desenlace
puede ser trágico y nefasto para la recuperación del país y para el
restablecimiento de la democracia en Venezuela.”. El editorial mostraba la
preocupación de todos los venezolanos de la decisión del régimen de ignorar a
pocos días de ser instalada la oposición en la Asamblea Nacional, la voluntad
del pueblo soberano expresada en las urnas el 6D-2015.
Y fue trágico y todavía no toca fondo. El
régimen todavía sigue ignorando la voluntad popular. Pero lo más trascendental
de eso es que cuando todos hablábamos de la necesidad de un gobierno de
transición, lo que en realidad se requería, ante el grado de destrucción de ese
entonces, era un gobierno de emergencia, como lo sugería el editorial al
comparar la destrucción de la Venezuela de hace dos años con Europa al concluir
la II Guerra Mundial, con Plan Marshall incluido. Si en ese entonces se
justificaba ese Gobierno de Emergencia Nacional, ni decirles que ahora es una
necesidad perentoria.
¿En qué se diferencian ambos términos y
porque debemos comenzar a pedir ese Gobierno de Emergencia Nacional y no un
Gobierno de Transición? En que a raíz del comienzo del proceso de destitución
por delitos de corrupción iniciado por el TSJ legítimo en contra de Nicolás
Maduro Moros, lo que está constitucionalmente establecido es que una vez
depuesto el ocupante ilegitimo de la Presidencia de la República y sustituido
por alguien constitucionalmente válido (no incluido al actual ocupante de la Vicepresidencia
de la República), debe procederse a concluir el período constitucional y llamar
a elecciones legítimas.
Pero, ¿es realmente eso lo que es más
conveniente para el país en el actual estado de cosas donde la gente se está
muriendo en los hospitales y por hambre en las calles? ¿Llamar a un proceso
electoral en un entorno completamente inhóspito, con un país y una burocracia
gubernamental secuestrados por hambre a través de una tarjeta de alimentación?
Algunos dirán, “bueno, es que ya en ese momento habremos cambiado a Maduro y
esos detalles se corregirían antes del proceso”.
Nada más alejado de la realidad. Solamente si
consideramos que el sistema electoral venezolano está completamente viciado y
distorsionado a favor del régimen y su partido, no es posible realizar ni
siquiera la elección de una reina de belleza sin que el resultado sea
modificado. Y para comenzar a depurar técnica e institucionalmente todo el
sistema se requiere de un tiempo importante que debería comenzar por la
depuración del Registro Electoral. La intervención del CNE debería ser lo
primero que tiene que acometer un Gobierno de Emergencia Nacional.
Por otro lado, la designación de un nuevo
Gobierno, que debe asumir la Asamblea Nacional en una atribución que no pueden
eludir porque forma parte de sus responsabilidades constitucionales, requiere
de un acuerdo político que de suyo es complejo. Ya van tarde porque el mandato
expresado contundentemente el 16J-2017 fue deliberadamente ignorado, con la
intención expresa de negociar con el régimen en República Dominicana. Ahora
teniendo una exhortación del TSJ legitimo designado por ellos para iniciar el
procedimiento constitucional correspondiente, la Directiva de la Asamblea
decidió de nuevo cometer el error de ignorar la designación de un nuevo
gobierno. Están a tiempo de cambiar eso.
Una vez designado al sucesor de Maduro, ese
sucesor debe conformar un gobierno que lejos de llamar a un proceso electoral
debe acometer “la ciclópea tarea de
corregir todo aquello que ha conducido a Venezuela a la peor crisis de su
historia republicana” como lo indicaba el editorial citado, sin perder un
segundo de tiempo. Es por eso que lo que Venezuela necesita es un Gobierno de
Emergencia Nacional, no uno de transición para llamar a elecciones. ¡Estamos en
emergencia! Pero voy más allá.
Ese Gobierno de Emergencia Nacional, en uso
de sus atribuciones, tiene que tener la obligación de consultarles a los
venezolanos acerca de su futuro, acerca de la refundación del país. Un país
destruido y necesitado de un Plan Marshall, del que seguramente nos proveerá la
comunidad internacional, debe plantearse una reforma institucional a fondo que
arranque luego de concluido ese Gobierno de Emergencia, que debería estar en
funciones al menos dos años, mientras se resuelven los ingentes problemas del
corto plazo. Y esa consulta no es otra que el pueblo se pronuncie acerca de un
proceso Constituyente de carácter Originario por iniciativa popular.
Lamentablemente tengo la sensación que ningún
partido de la oposición oficial está viendo el problema de esta manera. Viven
de las glorias del pasado. Creen que volverán al país de 1998 y están
equivocados. Creen que será suficiente con ir a una transición y elegir a un
nuevo gobierno sin cambiar las estructuras fundamentales del país, en una
suerte de “quítate tú para ponerme yo”. Y eso es un error monumental porque el
país debe cambiar para mejor y asegurar el futuro de las nuevas generaciones.
No murieron cientos de jóvenes en estos años para jugar al “gatopardismo” de
cambiar para que todo quede igual. Aquí deberemos convivir con una suerte de nuevo
“peronismo democrático” (si es que eso posible) que quedará luego de esta
debacle chavista-madurista. Y ese país nuevo deberemos diseñarlo y construirlo
junto con ellos para que pueda haber estabilidad política, no es de otra
manera. Es así que a todos nos conviene ese llamado al Constituyente.
Resulta paradójico que el frustrado Decreto
No. 1 de los golpistas del 4F-1992 contemplara un Gobierno de Emergencia
Nacional con la obligación del llamado a un proceso Constituyente durante su
desarrollo (ver Los decretos del 4F, http://quintodia.net/los-decretos-del-4f/):
“Artículo 4.- Estas funciones
legislativas asumidas por decreto por esta máxima instancia de poder público de
la República de Venezuela, durarán el tiempo necesario hasta que una próxima
Constituyente, tomando en cuenta los cambios políticos fundamentales que este
corte histórico en la vida política nacional haya producido a partir de la
acción victoriosa del Movimiento Cívico-militar, los plasme en una nueva
Constitución bajo cuya referencia se convocará al país para que libérrimamente
se pronuncie por la constitución de todos los poderes públicos fundamentales de
la Nación.”.
Como pueden ver, nunca como ahora el país se
reencuentra con sus propios fantasmas. Ojalá que esta vez no volvamos a
equivocarnos y se entienda correctamente un Gobierno de Emergencia Nacional a
favor de todos los venezolanos, que nos conduzca a salir de la crisis y a la
refundación del país.
Caracas,
14 de Mayo de 2018
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
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