Por Luis Manuel Aguana
Respetables
juristas están enfrascados en una discusión soterrada pero muy dura en relación
a la legitimidad del TSJ legítimo que se constituyó en el exilio, al punto que
muchos venezolanos que no somos profesionales del Derecho nos ha tocado
examinar los argumentos de lado y lado para hacernos nuestro propio criterio y
tomar una decisión acerca de esa importante materia y apoyar lo que nuestra
conciencia nos dicte.
He
publicado mis tres últimas notas indicando que el TSJ constituido en el exilio es
legítimo, de acuerdo a las argumentaciones e interpretaciones dadas
por constitucionalistas de reconocida trayectoria como el Dr. José Vicente Haro
(ver ¿Es legitimo y constitucional el
Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio? en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/es-legitimo-y-constitucional-el.html),
sin desmedro de otras opiniones que en el sentido completamente opuesto han
dado otros reconocidos juristas, como las emitidas en la publicación del
Instituto de Altos Estudios de Derecho-IDAED (ver TSJ y la ruptura del Estado
de Derecho en Venezuela, en http://idaed.com/general/el-tsj-y-la-ruptura-del-estado-de-derecho-en-venezuela/).
Si
existiera en Venezuela un Alto Tribunal que no estuviera en manos de este
régimen criminal a quien llevarle este caso para que dilucide quien tiene la
razón, créanme que ya lo hubiera hecho. Pero no existe. Debemos confiar en
nuestra conciencia e instintos acerca de lo que es correcto, atendiendo
nuestros principios y valores fundamentales.
Y
ustedes preguntarían ¿y qué es lo correcto aquí? Este caso me hizo recordar una
nota que publique a finales del 2014 (ver Principios Constituyentes, en http://ticsddhh.blogspot.com/2014/09/principios-constituyentes.html)
que nos ponía en una disyuntiva semejante donde los abogados retaban nuestros
principios al preferir la norma vigente aunque supiéramos que estaba mal y nos
hacía daño. Explicaba en ese entonces que sentía en ese caso, como lo vuelvo a
sentir ahora, con qué facilidad los eruditos se meten tanto en la norma que
olvidan los principios que las fundamentan.
Me
preguntaba, como me pregunto ahora, ¿por qué a personas de un altísimo nivel de
interpretación política y jurídica había que explicarles que una norma, a todas
luces injusta y distorsionada por un gobierno delincuente, había que imponerle
el poder supremo de la soberanía del pueblo, no solo para cambiarla sino para
restituir lo que es fin último de cualquier pueblo en todos los tiempos, que es
la búsqueda permanente de la justicia y la libertad? Decía que ¿no era acaso la
norma una consecuencia de eso, y cuando esta dejaba de ser lo que debe y tiene
que ser, deja como consecuencia de constituirse en norma y debe ser ignorada? Vuelvo
a insistir como en aquel entonces: la lucha en contra de una norma injusta ha
sido precisamente la razón de las luchas libertarias de la humanidad en todas
las épocas.
¿Por
qué razón debemos tolerar y aceptar por norma legal un Tribunal Supremo de
Justicia en Caracas presidido por un ex convicto y controlado por una dictadura
comunista? Si las normas y las argumentaciones jurídicas de algunos eruditos
nos conducen a aceptar esa situación inaceptable, debemos entonces esgrimir los
altísimos valores de la justicia y la libertad para romperlas. Esos son los principios
a los que me refiero. Y eso tal vez esté fuera del molde de algunos
profesionales del Derecho que argumentan, como me argumentaron en el 2014 que “era
imposible realizar una constituyente de acuerdo a la actual normativa”. Y
entonces regresé a los principios…
Para
mí, y posiblemente para muchos otros –abogados o no-, el TSJ legitimo en el
exilio representa la esperanza de ese estado de libertad anhelado por los venezolanos,
y que su legitimidad se perfecciona, no solo por las argumentaciones jurídicas sostenidas
por el Dr. José Vicente Haro en su artículo –en las que acordamos- sino por la
concedida por los venezolanos en su supremo deseo de hacer resistencia legitima
ante un régimen opresor. Esto fue manifestado claramente al mundo por los
venezolanos en la Consulta Popular del 16 de julio de 2017.
En este
momento las consideraciones que privan allí deberían estar más allá de lo Jurídico
para centrarse en lo Político, pues son aquellas que se sustentan en la
primacía de las Libertades Políticas como eje principal. El concepto de
Primacía de las Libertades Politicas y de los Derechos Humanos sobre cualquier
otra consideración, lo introdujo el economista y filósofo bengalí Amartya Kumar
Sen, en la obra que le hizo ganar el Premio Nóbel de Economía en 1998 (1) (ver
La Primacía de las Libertades Políticas, en http://ticsddhh.blogspot.com/2015/07/la-primacia-de-las-libertades-politicas.html).
En
otras palabras, el fundamento sobre el que se deben basar las actuaciones del
TSJ legítimo es el de la recuperación de las Libertades Políticas, que es un derecho
inalienable de todo ser humano. En consecuencia la solución de Venezuela pasa
por que un Poder Judicial legítimamente designado, emita de manera prioritaria decisiones
dirigidas a la recuperación de nuestras libertades como su eje de
funcionamiento principal. De allí que lo que deba privar esencialmente en sus
decisiones sea la consideración Política (con P mayúscula) en el marco de la
Constitución vigente.
Estas
ideas pueden sonarles a algunos juristas como una herejía. Pero estos son los
momentos de las definiciones, “o inventamos o erramos”, citaba Don Simón
Rodríguez. O buscamos una solución Política fundamentada en el Derecho, o
estaremos condenados a seguir buscando una solución basada en el Derecho pero
dentro de una dictadura, y eso por construcción lógica es imposible de
conseguir. Una dictadura es de por sí la negación del Estado de Derecho, por lo
que hay que romper esa camisa de fuerza, que paradójicamente nos las están
intentando imponer desde el mismo lado opositor al insistir negar por norma
injusta el único oasis que tenemos para abrirnos camino dentro de un desierto
lleno de totalitarismo.
En una
causa como la introducida por un grupo venezolanos, entre los que me honra
participar, ante el TSJ legítimo, solicitando que se designe un Consejo de
Gobierno de Emergencia Nacional (ver solicitud completa en https://tinyurl.com/y7x87ldb),
estamos completamente conscientes de que una solicitud como esa es muy difícil
de tomar dadas las condiciones actuales de la política venezolana, donde paradójicamente
todavía se discute en los círculos jurídicos y políticos la propia legitimidad
del Alto Tribunal en el exilio, cuando todos deberíamos estar de acuerdo en que
nos han puesto en el disparadero de construir nuestra propia legitimidad desde
un país destruido. Pero es indispensable hacerlo si lo que buscamos es el fin
último de toda sociedad que no es otra cosa que exigir “…la eliminación de las
principales fuentes de privación de libertad…”, Sen dixit.
Los ciudadanos Magistrados legítimos tienen una altísima
responsabilidad con los venezolanos, y hasta ahora han dado muestras de haberla
asumido con coraje y valentía, con conciencia del rol que la historia les ha
concedido. Una vez designado ese Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional,
las cosas comenzarán a cambiar a favor de Venezuela y el TSJ legitimo habrá
sido el único Poder con concepción de Estado dispuesto a poner lo Político (con
P mayúscula) antes que cualquier otra consideración con el supremo fin de
salvar a la República y recuperar nuestras libertades.
Caracas,
4 de Julio de 2018
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
(1) Amartya
Kumar Sen, Desarrollo y Libertad, La importancia de la Democracia, La Primacía
de las Libertades Políticas y la Democracia, Ed. Planeta, ISBN 84-08-03524-X,
1999.
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