Por Luis Manuel Aguana
La dinámica política surgida a
raíz de la autorización del enjuiciamiento por corrupción a Nicolás Maduro,
está definiendo la ruta que seguirán los acontecimientos que, con el favor de
Dios y los venezolanos, terminarán con la tiranía narcomilitarizada que
gobierna en Venezuela.
Efectivamente el TSJ legítimo ha
solicitado y le ha sido concedida la autorización para enjuiciar a Nicolás
Maduro Moros por corrupción desde la Asamblea Nacional. Eso es un hecho
irrebatible al margen de las formas en las que fue realizada tal autorización,
independientemente de la opinión adelantada por algunos juristas en relación al
acuerdo votado en mayoría el 17 de abril. El fondo es que a Maduro le fue
autorizado un juicio y ahora ocupa el puesto ilegalmente.
En fecha 26 de abril de 2018 el Dr.
José Vicente Haro y la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, conocidos y
distinguidos abogados venezolanos de seriedad indiscutible, dirigieron
comunicación formal al la Asamblea Nacional (ver en https://twitter.com/JOSEVICENTEHARO/status/989625760813060099?s=03), con el fin de que este cuerpo determine la
situación jurídica constitucional de la Presidencia de la República, luego del
Acuerdo del 17 abril de 2017, con relación al enjuiciamiento de Nicolás Maduro
Moros por el caso Odebrecht.
En este escrito claramente se
expone que Maduro debe estar separado de sus funciones como efectivamente lo
establece el Artículo 380 del COPP (Código Orgánico Procesal Penal) al haberse
iniciado un juicio por corrupción en su contra: “Artículo 380. Cumplidos los trámites necesarios para el
enjuiciamiento, el funcionario o funcionaria quedará suspendido suspendida e
inhabilitado o inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante el
proceso.”.
Las consecuencias políticas de ese
hecho son categóricas y no pueden desconocerse; y extraña que esto haya quedado
descolgado desde la autorización del juicio. La persona que ocupa la
Presidencia de la República, no puede seguir ejerciendo el cargo y queda
separado temporalmente hasta que el juicio termine, quedando su situación a la
espera de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, órgano que
conoce la causa. De tal manera que hoy mismo tenemos en Venezuela una vacante
en la Presidencia de la República que debe ser ocupada inmediatamente de
acuerdo con lo establecido en la Constitución.
Entonces,
el trabajo de la Asamblea Nacional no concluyó con la autorización del juicio a
Nicolás Maduro Moros, estando muy lejos de haberse desembarazado de la
responsabilidad que tienen con los venezolanos.
El escrito de los juristas es
categórico y les corresponde a los Diputados tomar una decisión de acuerdo a esa
solicitud acerca de quién debería estar ejerciendo en este momento la
Presidencia de la República de acuerdo con la Constitución vigente.
Sin embargo, al margen de cuál sea
en definitiva la solución constitucional que la Asamblea Nacional le de a la sucesión
presidencial en Venezuela, hay algo en toda esta historia que pasa inadvertido
y motivo de esta nota: no se pueden realizar nuevas elecciones en Venezuela
mientras: a) exista un sistema electoral pervertido, y b) no se desmonte todo
el sistema institucional creado para sostener al régimen estos últimos 20 años.
La primera condición la hemos
revisado a profundidad en este blog por varios años, así que se las ahorraré.
Para aquellos interesados, por favor lean mis notas en este sitio desde el año
2011 relativas al CNE y el sistema electoral venezolano.
En el caso de la segunda condición,
la cosa es más complicada. A los venezolanos se les ha convencido que basta con
salir de Maduro para que las cosas mejoren. No, no basta. Es una condición
necesaria pero no suficiente. Se hace necesario regresar a los controles
constitucionales mínimos y a las formas institucionales básicas de control del
gobierno, así como discutir unas nuevas, producto de la destrucción del país y
los nuevos escenarios internacionales.
Pero ¿cómo hacemos eso si el próximo
heredero de Miraflores nace con el pecado original de la Constitución de 1999?
Con todo ese poder concentrado para nombrar ministros en ministerios inventados
a discreción, ascensos militares sin control, crear y destruir instituciones,
disponer a su arbitrio del dinero de todos los venezolanos, por solo nombrar
algunas de sus atribuciones, cualquier persona que ocupe el puesto presidencial
nos llevará a la ruina, si es que eso es ahora posible. Cualquiera, así sea la
Madre Teresa de Calcuta, si la pudiésemos revivir y convencerla para que sea
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde el punto de vista
estrictamente político y constitucional, más temprano que tarde, el proceso
contra Maduro y su gobierno de delincuentes debe llevarnos a su sustitución.
Sin embargo no puede ser que esa sustitución sea “para llamar a elecciones”
como lo gritan los políticos de la oposición oficial. Esa sustitución debe ser
para conducir al gobierno y garantizar gobernabilidad en la peor época de
nuestra historia, por un periodo suficiente para reordenar al Estado, para
luego asegurarles a los venezolanos elecciones de nuevos poderes públicos con
un sistema institucional limpio y saneado.
Esa es en el fondo nuestra exigencia.
Los coros de toda la oposición oficial le repiten como un mantra a los venezolanos que una vez que salgamos de
Maduro -cosa que de por si es difícil- haremos elecciones y vendrá la
abundancia. ¡Qué vaina con seguir mintiéndole a la gente! Pareciera que no se
ha aprendido nada.
Entonces, ¿y después de Maduro
qué? Si no cambiamos el sistema
institucional del país a fondo antes de cualquier elección, aquellos que una
vez se sintieron esperanzados por un cambio inmediato de cosas se sentirán
traicionados y con toda razón. Y no valdrá promesa electoral futura que nos
salve de volver a sufrir lo que costo tanta sangre resolver, entrando en un
ciclo interminable de inestabilidad y violencia. ¿Porque creen ustedes que no
descansaremos hasta hacerles comprender a los venezolanos que la manera formal,
correcta e institucional de evitar eso es cambiando el sistema institucional
del país con un llamado al Constituyente Originario al través de una Consulta
Popular, que le de al pueblo la prerrogativa para cambiar su futuro? Desde la Alianza Nacional Constituyente (ANCO)
seguiremos trabajando en eso sin importar lo que pase en el país.
Ustedes dirán que fatalista luce
tal aseveración, y realmente lo es. No tiene ningún sentido que los venezolanos
hayamos pasado por 20 años de sufrimiento si no salimos de esto con una
enseñanza para el futuro, traducido en grandes cambios que corrijan los errores
que nos trajeron a esta tragedia. Si no los corregimos entre todos, no habrá
valido la pena tanta muerte y tanto dolor de la familia venezolana. De nosotros
y de ustedes depende eso...
Caracas,
3 de Mayo de 2018
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
