Justicia legítima para la transición

Imagen resumen de la nota cortesía de AI Google Gemini

Por Luis Manuel Aguana

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Si la presidente de la Asamblea Nacional de 2015, con su período vencido de 5 años, es la representante de la “última entidad democráticamente electa de Venezuela reconocida internacionalmente”, como bien lo indica el tercer párrafo del comunicado del Departamento de Estado de los EEUU del 18 de junio de 2026, entonces los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ,TSJ, designados por esa Asamblea en el año 2017 por 12 años, cuando su periodo era aún vigente, son no solo legítimos, sino lo único que queda en pie de la institucionalidad de Venezuela tras la destrucción del régimen.

Sí, esos Magistrados que tuvieron que salir corriendo del país perseguidos por Nicolás Maduro Moros a pasar hambre y trabajo en el exilio y que NUNCA fueron reconocidos ni por la Asamblea Nacional de 2015 como Tribunal Supremo legítimo en el exilio, ni por las autoridades de los EEUU, para que al menos les fueran pagados sus sueldos con el reconocimiento correspondiente del gobierno norteamericano, como si se los diera a los representantes de la AN 2015.

El 10 de mayo de 2023, un grupo de venezolanos preocupados por esta situación, dirigimos una comunicación a la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de los EEUU, con copia, entre otros, al entonces Senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado, y al entonces embajador de EEUU en Venezuela con sede en Bogotá, James Story, como también a la entonces secretaria del Tesoro de los EEUU, solicitando que se liberaran los “fondos para el funcionamiento y remuneración” de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (ver carta solicitud en https://ticsddhh.blogspot.com/2023/05/carta-la-ofac-en-apoyo-al-tsj-legitimo.html).

En esa carta se explicaba claramente la situación de los Magistrados: “Lamentablemente, veintitrés (23) Magistrados tuvieron que huir de Venezuela debido a la persecución y amenazas de muerte por parte del régimen ilegal y criminal del tirano Nicolás Maduro Moros. Uno de los Magistrados, el Dr. Ángel Zerpa Aponte, que no pudo escapar, fue capturado, encarcelado y torturado, y actualmente tiene prohibido salir del país. Desde entonces, los veintitrés Magistrados viven en el exilio, dispersos en cinco países diferentes, de los cuales once (11) están en Estados Unidos de América, cuatro (4) en Panamá, tres (3) en Alemania, dos (2) en Chile, dos (2) en Colombia y uno (1) en España”.

Esa solicitud fue desestimada por la OFAC, y la Asamblea Nacional de 2015 no hizo absolutamente nada por esos Magistrados en el exilio. Luego supimos extraoficialmente que la OFAC tomaría en cuenta la solicitud solo si la AN 2015 así lo requería, cosa que la realidad demostró que nunca sucedió. Habría que preguntarle la razón a la directiva de la AN 2015, pero lo cierto es que es público, notorio y comunicacional que ellos sí cobraron de los fondos de la OFAC y nunca rindieron cuenta de ello.

La Asamblea Nacional de 2015 nunca reconoció el carácter de Tribunal Supremo de Justicia a los Magistrados que se constituyeron como tal en el exilio, en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en octubre de 2017. Siempre se refirieron a ellos como “Magistrados legítimamente designados”, nunca como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Creemos, con base en la explicación jurídica del Dr. José Vicente Haro, constitucionalista venezolano, que efectivamente el TSJ en el exilio era y sigue siendo legítimo y constitucional (ver opinión del Dr. José Vicente Haro, ¿Es legítimo y constitucional el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio?, en https://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/es-legitimo-y-constitucional-el.html).

A pesar de las estrecheces sufridas por los Magistrados legítimos, el TSJ legítimo en el exilio ha producido sentencias que consideramos históricas para los cambios que se deben producir en nuestro país en el marco de la transición, como la Sentencia de Nulidad del Sistema Electoral Venezolano, Expediente No. SE-2018-001, de fecha 13 de junio de 2018, con ponencia del Magistrado Domingo Javier Salgado Rodríguez (ver TSJ declara nulo el uso del voto automatizado para elecciones en Venezuela, en https://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/tribunal-supremo-de-justicia-declara.html).

De la misma manera, así como el plan de los EEUU para la transición política en Venezuela tomó en cuenta oficialmente a la Asamblea Nacional de 2015 y la reconoce para negociar la futura situación política de Venezuela con lo que queda del régimen de Maduro, con mucha mayor razón deberá reconocer a los Magistrados del TSJ legítimo en el exilio para que se posesionen en sus cargos en Venezuela y hagan valer las sentencias que han emitido hasta este momento en el exilio, y en especial una muy importante: la sentencia electoral del 13 de junio de 2018.

En entrevista del periodista Luis Olavarrieta publicada el 19 de junio de 2026, la diputada Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de 2015, admite, luego de su reunión con Jorge Rodríguez, que uno de los objetivos principales de su visita a instancias del tutor de Venezuela, los EEUU, es el sistema electoral:

“LO: Sí, hablemos de su objetivo, el objetivo de su llegada, ¿no? Es el CNE.

Eh, tenemos muchas dudas y yo quiero representar esa voz de las dudas.

¿Quiénes van a decidir, por ejemplo, esa composición? No, los venezolanos, Washington, el gobierno, los mediadores internacionales. ¿Cuál es?

DF: Definitivamente los venezolanos.

LO: ¿Cómo se va a efectuar? Ahí ¿hay un plan ya estratégico, hay una forma ya de verlo?

DF: Nosotros tuvimos una primera reunión de acercamiento entre lo que es la visión

de la representación que ejerce Jorge Rodríguez y mi persona. Ojo, aquí debe haber una convocatoria con los mejores especialistas en esta materia y el objetivo es conseguir que el Consejo Nacional Electoral, que el poder electoral sea vigoroso, sea creíble, sea transparente, que se les dé libertad a los observadores electorales y a los internacionales a que vengan en cada elección, que haya un sistema de credibilidad, que haya una asistencia técnica de alta calidad. Yo creo que son objetivos que aspira cualquier venezolano que hoy ha sufrido la debacle de lo que ha sido el fraude electoral.

LO: Y las inhabilitaciones, por ejemplo, los partidos intervenidos, la observación internacional, por ejemplo, son aspectos que no pueden quedarse en fuera del proceso, ¿no?

DF: Totalmente. Este, eso es una deuda que tenemos y primero este aun cuando tengamos el diagnóstico, tenemos que ver cuáles son las prioridades, cuál es la agenda, hasta dónde se concreta. Y bueno, es un aspecto muy ambicioso que cuando se habla de las fases que se están desarrollando en este momento se pueden superponer unas con otras, ¿no? Pero yo no concibo una exclusiva de transformar un Consejo Nacional Electoral con puros políticos. De ninguna manera”.

(Ver Dinorah Figuera A QUE VINO A VENEZUELA, Entrevista de Luis Olavarrieta, en https://youtu.be/Ov__4yG63NA?t=1196) (resaltado nuestro).

De esta entrevista se desprende algo que la Asamblea Nacional de 2015 NUNCA había admitido oficialmente: el fraude electoral del régimen. Siempre habían acompañado a Chávez y después a Maduro en cada elección realizada y reconocido al final los resultados de la corrupción del CNE. Ahora la diputada Figuera habla de convocar a “los mejores especialistas” para que el CNE sea “creíble y transparente”.

Pues bien, eso solo se puede lograr cerrando ese casino llamado CNE y haciendo efectiva la sentencia electoral del TSJ legítimo del 13 de junio de 2018, con la intervención del poder electoral, con nuevos sistemas y procedimientos, dentro de un marco legal completamente diferente, lejos de la automatización tramposa creada en el 2004 por su ahora interlocutor de negociación, Jorge Rodríguez. El CNE debió y debe ser una institución técnica, no política. Y lamentablemente su partido Primero Justicia y el resto de quienes le acompañaron, hicieron la comparsa a Chávez y a Maduro para lograr completamente lo contrario, con rectores sumisos y entregados.

No existe ninguna razón de hacer concursos para nuevos Magistrados por cuanto ya existen y fueron designados por una Asamblea Nacional que si era legítima en el año 2017, precisamente la que buscaron los EEUU para negociar con los escombros del régimen de Maduro. Si los Magistrados del TSJ legítimo regresan al país como parte del plan de los EEUU, y son impuestos y protegidos para asumir los cargos que legítimamente les corresponden, se podrá hacer valer la ejecución de la sentencia electoral del 13 de junio de 2018, convirtiendo en realidad las aspiraciones de la Diputada Figuera. De otra manera solo será un juego de negociación entre dos factores completamente ilegítimos en este momento, alargando dolorosamente el camino hacia la recuperación del país.

Si los EEUU desean usar a la AN 2015 y a los usurpadores del actual poder legislativo encabezado por Jorge Rodríguez, como un escalón intermedio para rescatar al país de su crisis política, direccionándolo hacia unas elecciones auténticas, necesitará mucho más que la negociación entre dos cascarones vacíos -las ruinas del régimen de Maduro y su oposición deslegitimada- que hoy no representan a nadie en Venezuela.

Necesitará a los Magistrados designados por 12 años en el 2017, y cuyos periodos se encuentran en plena vigencia hasta el año 2029, conformando un Poder Judicial legítimo y autónomo en Venezuela. Eso resolvería no solo un nuevo sistema electoral, las inhabilitaciones políticas y los partidos intervenidos por el régimen que se mencionan en esa entrevista, sino sobre todo un camino claro para la recuperación final de la institucionalidad destruida de Venezuela, principal razón por la que decidieron resucitar a los muertos políticos de la MUD/PU.

Resulta paradójico que sean los Magistrados legítimos maltratados por la AN 2015 quienes puedan ser la llave para abrir las puertas de la transición política de Venezuela; y de regresar a sus cargos, estoy seguro de que, después de pasar por el largo calvario que sufrieron, sabrán impartir con mejor experiencia la justicia que se merecen todos los involucrados…

Caracas, 24 de junio de 2026

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